Ciudad de Guatemala, 15 de octubre de 2025. — La reciente fuga de 20 reos del penal de máxima seguridad Fraijanes II ha generado una ola de críticas y pedidos de destitución contra el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien enfrenta fuertes cuestionamientos por presuntas fallas en el control penitenciario y la respuesta del Estado ante la crisis.
El hecho, revelado públicamente la semana pasada, involucra a reclusos vinculados a la pandilla Barrio 18, considerados de alta peligrosidad. Según informes preliminares, la fuga no ocurrió en un solo momento, sino que se habría producido gradualmente durante varios días, sin que las autoridades detectaran las ausencias.
Tras conocerse la noticia, el Gobierno confirmó la destitución del entonces director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, y de otros mandos intermedios de varias cárceles del país. En su lugar, fue nombrado Mario Luis Pacay como nuevo titular de la institución.
Crece la presión política y empresarial
El suceso provocó una crisis política sin precedentes en el Ministerio de Gobernación. Diputados de distintas bancadas —incluidos algunos del bloque oficialista— solicitaron al presidente Bernardo Arévalo la destitución inmediata de Jiménez, alegando que “ya no goza de la confianza del pueblo ni del Congreso”.
A las voces políticas se sumaron organizaciones del sector privado, como la Cámara del Agro (Camagro), que calificó la gestión del ministro como “negligente y descontrolada”, y exigió su remoción por considerar que el incidente pone en riesgo la seguridad nacional.
Por su parte, Jiménez declaró en conferencia de prensa que no renunciará al cargo, asegurando que permanecerá en funciones hasta esclarecer completamente los hechos. “No voy a dejar el puesto hasta resolver este problema”, afirmó.
El Ejecutivo bajo presión
Aunque el presidente Arévalo no ha emitido una postura definitiva, fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron que se han realizado reuniones privadas del Consejo de Seguridad Nacional para analizar la situación y evaluar posibles cambios en la cartera de Gobernación.
Analistas coinciden en que la fuga representa un golpe severo a la credibilidad institucional y al control estatal sobre el sistema penitenciario, que en los últimos años ha enfrentado múltiples crisis por corrupción, extorsiones y fugas masivas.
Hasta el cierre de esta nota, únicamente un reo había sido recapturado.