Por Redacción LupaGT
15 de octubre de 2025
La reciente destitución del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, junto con la renuncia del viceministro de Seguridad, José Rolando Portillo, ha puesto en evidencia el profundo deterioro institucional que atraviesa una de las carteras más sensibles del Estado: la encargada de la seguridad ciudadana.
En menos de una semana, el país fue testigo de una cadena de hechos que revelan una preocupante falta de coordinación y liderazgo. Primero, la fuga de 20 reos en Fraijanes II destapó las deficiencias en el sistema penitenciario; luego, las acusaciones de corrupción y las denuncias públicas entre altos funcionarios terminaron por hundir la credibilidad del Ministerio de Gobernación.
Lo ocurrido no es un hecho aislado. Es el reflejo de una estructura corroída por los intereses personales, la improvisación y el clientelismo político. La seguridad pública no puede estar sujeta a pugnas internas ni a rivalidades burocráticas. Cada crisis que se genera en el Mingob tiene repercusiones directas en la ciudadanía, que sigue enfrentando extorsiones, violencia y desconfianza hacia las autoridades.
La salida de Jiménez y su equipo debería ser vista no solo como un cambio administrativo, sino como una oportunidad para replantear el rumbo del ministerio. Guatemala necesita políticas de seguridad sostenibles, con personal técnico, estrategias claras y transparencia en cada nivel de mando.
Es urgente que el Ejecutivo actúe con responsabilidad en los próximos nombramientos. La seguridad del país no puede seguir dependiendo de decisiones políticas de corto plazo ni de funcionarios que llegan sin compromiso ni experiencia.
El caos en Gobernación es, una vez más, un recordatorio de que el problema no es solo quién dirige, sino cómo se gobierna.