Luego de varios meses de discusión y años de estancamiento, el Congreso de la República aprobó la Ley General del Sistema Portuario Nacional, una reforma considerada clave para modernizar los puertos de Guatemala, fortalecer la seguridad y mejorar la competitividad del comercio exterior.
La aprobación se concretó en la madrugada del miércoles 5 de agosto, tras una jornada legislativa de más de 12 horas y el respaldo de 123 diputados. La normativa, que integra las iniciativas 6527 y 6541, fue convertida en el Decreto 20-2026.
Uno de los principales cambios que introduce la ley es la creación de la Autoridad Portuaria Nacional, un nuevo ente que tendrá rectoría técnica sobre el sistema portuario y que buscará ordenar la gestión de puertos como Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal, históricamente señalados por problemas de saturación, demoras y falta de coordinación.
De acuerdo con el contenido de la ley, la nueva autoridad tendrá un directorio conformado por representantes del Organismo Ejecutivo, ministerios vinculados al área y usuarios del sistema portuario. La intención es combinar la rectoría del Estado con un enfoque técnico y participación de sectores involucrados en la actividad logística y comercial.
La reforma fue impulsada como una de las prioridades económicas del Ejecutivo, que desde hace meses defendía la necesidad de actualizar el marco legal portuario para reducir costos logísticos, atraer inversión y responder al crecimiento del comercio exterior.
Sectores empresariales como la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) y el CACIF celebraron la aprobación y la calificaron como un avance histórico. Ambos señalaron que la ley puede fortalecer la competitividad del país, brindar mayor certeza jurídica a las inversiones y promover puertos más modernos y eficientes.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala también respaldó la medida, al considerarla una oportunidad para mejorar la eficiencia portuaria, reforzar la seguridad y ampliar la capacidad para responder a la demanda creciente del comercio.
No obstante, el reto ahora será la implementación. La ley abre la puerta a una nueva etapa para el sistema portuario guatemalteco, pero su éxito dependerá de la capacidad del Estado para reglamentarla, coordinar a los actores involucrados y traducir la reforma en mejoras reales para el comercio, la inversión y la economía del país.
Datos destacados
La Embajada de Estados Unidos la consideró una oportunidad única para Guatemala.
El Congreso aprobó la ley con 123 votos a favor.
La normativa fue aprobada el 5 de agosto de 2026.
Se convierte en el Decreto 20-2026.
Crea la Autoridad Portuaria Nacional.
Busca modernizar puertos, reducir demoras y mejorar la seguridad.
Agexport y CACIF calificaron la decisión como positiva e histórica.