La Universidad de San Carlos de Guatemala se pronunció ante los cuestionamientos por la contratación de una póliza destinada a integrantes del Consejo Superior Universitario y otros directivos. La institución sostiene que este beneficio tiene antecedentes históricos y forma parte de las prestaciones otorgadas a sus autoridades.
Guatemala, 4 de noviembre de 2026. — La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) adjudicó un contrato por Q741,444.48 para la contratación de un seguro médico y de vida destinado a 71 autoridades y funcionarios universitarios.
La póliza contempla a integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU), decanos y directores de centros universitarios y escuelas no facultativas. Su vigencia comprende del 1 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2027.
¿Qué incluye la contratación?
De acuerdo con la información publicada sobre el proceso de adquisición, el seguro establece una cobertura médica de hasta Q500 mil por persona, así como un seguro de vida de Q150 mil y prestaciones adicionales por accidentes.
Entre sus beneficios figuran la atención hospitalaria, los tratamientos de enfermedades preexistentes y otros servicios médicos especializados.
La postura de la USAC
Ante los cuestionamientos, la universidad emitió un pronunciamiento en el que defendió la legalidad y transparencia de la contratación.
Según la postura institucional, este tipo de seguros no constituye una prestación nueva, sino que cuenta con antecedentes históricos dentro de la universidad y busca brindar protección a quienes ejercen funciones de dirección y representación.
Los registros de contrataciones anteriores respaldan que la USAC ha adquirido pólizas similares durante varios años.
Cuestionamientos sobre los recursos universitarios
La adjudicación ha generado debate sobre el uso de fondos públicos para financiar seguros privados destinados a las autoridades universitarias.
Entre los aspectos que han despertado cuestionamientos se encuentra que los funcionarios también cuentan con afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Mientras la USAC sostiene que se trata de una prestación institucional, las críticas se centran en la necesidad de justificar el gasto y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos.
Un debate sobre las prioridades universitarias
La contratación vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre las prestaciones de los funcionarios públicos, los mecanismos de fiscalización y las prioridades presupuestarias de la educación superior.
El hecho de que existan contrataciones anteriores no determina, por sí solo, la legalidad de cada procedimiento ni resuelve los cuestionamientos sobre su conveniencia.
¿Considerás justificada la contratación de seguros médicos y de vida para las autoridades de la USAC?